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Ampliación de jornada y desigualdad – El Financiero

Las últimas semanas han sido una intensa lluvia de puntos de vista sobre el moribundo programa escolar de tiempo completo, y cómo sería perderse la extensión del día extendido para 3.6 millones de estudiantes y las seiscientas seiscientas mil comidas al día, al mediodía. , que se contemplaban, hasta su extinción, en regular funcionamiento.

Hemos insistido, desde Mexicanos Primero, en algunas tesis simples pero discutibles con toda solidez y evidencia. El aporte de estos dos componentes (prolongación de la jornada laboral y alimentación) es una estrategia de equidad social y educativa de primer orden; sus resultados son palpables, favorecen los aspectos educativos y nutricionales, pero también enriquecen la participación social en la escuela, el arraigo y el desempeño de los docentes, generan mejores condiciones de convivencia y ánimo. También argumentamos que, dado el cierre prolongado, representan una excelente oportunidad para la recuperación socioemocional y para superar el retraso en el aprendizaje.

Recordamos, más aún, que el marco legal de la educación en México (artículo 9, fracción VIII de la ley general de educación vigente) establece que la perspectiva deseable es esa «hoja completa» -reconocimiento tácito de que las tablas vigentes en los preescolares , las escuelas primarias y secundarias son pequeñas y vacías y que se deben crear gradualmente más y más escuelas con esta característica.

El Reglamento Operativo para el 2022 que -sin justificación, sin estudio y sin alternativa- extinguió legalmente los componentes más importantes y dejó como está el Programa La Escuela es Nuestra, es decir, como un imponente equipaje de 14 mil millones de pesos dedicados exclusivamente y al perfeccionamiento de infraestructura en las escuelas, no tiene sentido que con razones justas y de fondo haya despertado una preocupación e indignación generalizadas.

Recientes declaraciones del Presidente y el Secretario de Educación ofrecen una ventana de esperanza. Ayer mismo una ‘ficha informativa’ lo reflejaba, y cito textualmente: «El Ministerio de Educación informa que, por instrucción del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los beneficios incluidos en las Escuelas de Tiempo Completo permanecerán en el programa de La Escuela es Nuestra (LEER). Se entregarán apoyos alimentarios y horario ampliado directamente a madres, padres, estudiantes de los centros de educación básica para evitar la participación de intermediarios y/o prácticas irregulares. Se abre un camino, una declaratoria sin efectos, que para su cumplimiento requiere la cancelación y sustitución del convenio publicado el 28 de febrero, y un nuevo convenio que restablezca los componentes de manera oficial, formal y con seguridad jurídica.

A la espera de pasar de la promesa a la realidad, vale la pena insistir en el aspecto de la inclusión, la lucha contra las desigualdades y la progresividad que están en juego en esta materia. Muchas de las activistas – Jeny Farías, Laura Ramírez, Alejandra Núñez, Irma Pineda, Tania Ramírez, Melissa Ayala, Nancy Ramírez – ya han señalado que la extinción es un abuso que afecta desproporcionadamente las oportunidades de niñas y jóvenes, de indígenas estudiantes y la discapacidad y el fomento de la vulnerabilidad interseccional -que la discriminación y la exclusión se acumulan contra las personas más pobres y desprotegidas- es algo muy claro en esta decisión tan dañina.

Consideramos que es la doctrina universal de los derechos humanos la que nos advierte contra la ‘regresividad’, es decir, que es inherente al respeto y promoción de los derechos que, una vez alcanzado un nivel de garantía -leyes, recursos públicos, estrategias y sistemas – para vuestra realidad concreta, no debéis permitiros volver atrás. Sencillo: aunque no se puede -todavía- ofrecer a todos, el goce de un derecho no se puede limitar a quienes ya podrían gozar de él. La no regresividad está en los tratados internacionales que obligan a México, está en la jurisprudencia de la Corte Suprema, es algo intuitivo y fundado. Por eso, toda solución que presente el gobierno para recuperar la jornada extendida y el servicio de restaurante debe asegurarse que sea, en primer lugar, para quienes ya la tuvieron, no para otros beneficiarios elegidos con otros criterios. Es justicia y restitución, no una nueva etapa promocional. Por eso, ni siquiera la pretensión bien intencionada -ya sea clientelista, populista u oportunista- de los gobiernos estatales de que serán ellos los que aporten los recursos es una buena solución. Si esa fuera la solución, los estados «ricos» podrían contribuir a la continuidad, pero no estados como Chiapas o Guerrero. Si el concepto era precisamente mitigar y revertir la desigualdad, repetirlo entre estados no es una opción. Por lo que la necesidad debe ser puntual: un nuevo convenio, que anule el anterior, y que sustituya la ampliación de jornada y la alimentación de quienes se hubieran visto privados. Todo lo demás es injusticia.

El autor es presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.

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