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Aumentan los deudores alimentarios… y bloquean la iniciativa de denunciarlos

Un proyecto impulsado por organizaciones sociales con autoridades federales de varias administraciones para crear un registro nacional de deudores alimentarios lleva 20 años en el «congelador», denunció Diana Luz Vásquez, líder de la Red Nacional de Deudores Alimentarios.

En entrevista con La Razón, Luz Vásquez indicó que es necesario tener un registro confiable a nivel nacional, pues solo hay siete a nivel estatal y tienen falencias.

En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reprogramó para el miércoles de la próxima semana la discusión del proyecto de sentencia que abriría la puerta a la despenalización del incumplimiento del pago de alimentos.

Los líderes de los distintos grupos estaban seguros de que la discusión en la Sala Primera se llevaría a cabo hoy porque cuando se enumera un tema, como sucedió la semana pasada, automáticamente se pasa a la siguiente sesión.

Sin embargo, por alguna razón, el tribunal decidió que este caso no debe ser discutido este miércoles, sino hasta el próximo.

Luz Vásquez comentó que desde hace al menos 20 años se intenta crear un registro nacional de deudores de alimentos, mandatado por el Ministerio del Interior para identificar a quienes incurren en esta práctica y poder aplicar medidas restrictivas.

Sin embargo, dijo, en todos estos años algunos funcionarios de ciertos poderes han mostrado interés y hemos avanzado, pero tarde o temprano el tema vuelve a atascarse en la burocracia.

“Nos complació este tipo de delincuentes, aún después de que hay tantas propuestas de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, no se consolida, siguen tirando de la pelota, que el DIF Nacional, que la Secretaría de Gobernación, que el Poder Judicial; Entonces, a partir de nuestra experiencia como madres autónomas, empezamos a agruparnos para visibilizar el problema”, acusó.

También dijo que los grupos defensores de los derechos de la mujer y la niñez creen que debe haber un registro en el exterior, ya que en estados como Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas y otros, que tienen un alto índice de migración, es común que los padres se vayan del país y se olviden sus hijos y sus madres.

La activista dijo que además de crear un Registro Nacional de Alimentadores, se deben poner restricciones a quienes incurran en esta práctica, como presentarse en la oficina de crédito e informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que no utilicen apoderados en la recaudación de fondos y se niegan a pagar su pensión.

Recordó que hay alrededor de 30 millones de “madres autónomas” en el país, que tienen que vivir con el discurso romántico de que deben y pueden cuidar el bienestar de sus hijos, cuando en realidad podrían ser hasta 30 millones” padres «irresponsables». y delincuentes».

La activista explicó que, ante el desinterés de las autoridades por solucionar este problema que afecta tanto a las mujeres como a los casi 45 millones de niños que no tienen garantizada la alimentación, la educación y la seguridad social, las agrupaciones han decidido levantar los tendederos de secado de deudas y promover la la llamada Ley Sabina.

Explicó que esta iniciativa tiene como objetivo impulsar 40 reformas legislativas en materia civil y penal, “para hacer más eficientes los procesos legales que enfrentan las mujeres”.

Prevén un efecto negativo en el proyecto del ministro

La propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con la que pretende proteger a un deudor de alimentos para que pague a plazos la reparación y se revoque su sentencia, es un retroceso para los derechos de los menores, pero también una ‘oportunidad para reformar a México’ Código Penal de la Ciudad para que se especifiquen los criterios sancionatorios, dijo Francisco Hernández, presidente de la firma de abogados Lex Pro Humanitas.

Asumiendo que el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar va en aumento, el letrado precisó que la propuesta del ministro no le parece adecuada, pues argumentó que la protección se otorga a quienes “han sido negligentes en el cumplimiento de sus obligaciones y es para favorecer el derecho del agresor más que el derecho o el interés superior del niño”, dijo.

En cuanto al asunto se refiere al código penal local, Hernández advirtió de un «efecto negativo», por el «alto grado de incumplimiento» en la capital, pero también porque se da en medio de una discusión que ha cobrado relevancia al interior y fuera del Congreso. : los avances de la lucha contra la violencia delegada, descrita como aquella que busca dañar a las mujeres a través de sus seres queridos, especialmente de sus hijas e hijos.

Sin embargo, Francisco Hernández dijo que la propuesta del ministro debe conducir a la reforma del código penal de la capital en su artículo 193, en el que se basan los argumentos del proyecto.

En otras palabras, el especialista señaló que el denunciante recibió una sentencia, quizás no la correspondiente, por la falta de precisión de las sanciones señaladas.

Además, consideró que ello vulnera el principio de última instancia, que se refiere a que la privación de la libertad debe ser lo último «y más aún porque es un asunto de familia… es altamente cuestionable».

Ante las inconsistencias encontradas en los lineamientos del artículo 193 para tratar las sanciones de este delito, dijo, “la invitación es a investigar el tema para que haya un último recurso; es decir, llamarle primero, advertirle que tiene que cumplir, fijarle una multa o una garantía de pensión y, si sigue manteniendo su no intención de no pagar, ahora se habla de sancionar, pero como no establecerlo, esto es lo complicado”.

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