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Delfina Gómez resiste a los diputados

Mientras la secretaria de Educación, Delfina Gómez, pospuso una reunión con parlamentarios para tratar el tema de la eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, expertos en educación aseguraron que varias organizaciones civiles se preparan para presentar amparos de manera colectiva.

En entrevista con La Razón, Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, dijo que es posible presentar amparos para que a los menores no les falte educación y alimentación, aunque aclaró que es importante ver cómo se aplica por falta de recursos de la SEP.

“Sí se puede incluir y se recomienda, porque eso es lo que quieren hacer diversas organizaciones civiles, ya que se vulnera el derecho a la educación de los niños consagrado en el artículo tercero de la Constitución Mexicana. Lo importante es ver cómo se aplicaría y los efectos que podría tener, porque el Ministerio de Educación te va a decir que no tiene dinero de ninguna manera”, dijo.

Hasta el momento, las entidades que se harán cargo del programa con recursos propios son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán.

“Es una decisión de los padres presentar los amparos, pero lo que hemos visto es que han funcionado, entonces lo veo bien, ya que violan el derecho a la educación de los niños”, dijo.

Sí se puede presentar (un amparo) y se recomienda, porque eso es lo que quieren hacer varias organizaciones civiles, ya que se vulnera el derecho a la educación de los niños establecido en el artículo tercero de la Constitución Mexicana.

Alma Maldonado, Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN

Por otra parte, Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, adelantó que varias organizaciones civiles están preparando protecciones para ingresar lo antes posible, aunque reconoció que muchas familias carecen de recursos para acceder a ellas.

“Claramente, se pueden presentar medidas cautelares; Varias organizaciones en México están preparando amparos para ser colectivos. Esperamos que el regreso del programa sea un acto de voluntad política, ya que el Estado vulnera el derecho a la educación de los niños y niñas del país”, subrayó.

Claramente, se pueden insertar protecciones; Varias organizaciones en México están preparando amparos para ser colectivos. Esperamos que sea un acto de voluntad política para devolver el programa.

Juan Martín Pérez, Coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe

Al respecto, Daniel Vergara, abogado del Colegio de Abogados, dijo que es necesario un amparo porque se vulnera el interés superior de los niños, además de que se debe ordenar a la SEP que busque recursos para hacer el programa, ya que es una educación en derechos humanos.

“Es una obligación del Estado, pues se considera en el interés superior de los niños y por eso procede un amparo; por lo que el juez debe tomar esto en cuenta y fallar a favor de los niños y niñas. La protección debe llamar a la SEP o al Poder Legislativo para buscar los recursos y hacer funcionar el programa, es su obligación salvaguardar los derechos de los niños”, explicó.

Es una obligación del Estado, pues se considera el interés superior de los niños y por ello procede el amparo; por lo tanto el juez debe tomar esto en cuenta (…) El amaro debe llamar a la SEP o a la Legislatura para buscar recursos

Daniel Vergara, Jurista del Colegio Nacional de Abogados

REUNIÓN APLAZADA

A pesar de que los diputados acordaron reunirse con la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, para abordar la eliminación del programa escolar de tiempo completo, el funcionario pospuso su asistencia al menos una semana.

La coalición legislativa Va Por México, integrada por PRI, PAN y PRD, instó al funcionario federal a no posponer la reunión ya programada o, de no ser así, intentará presentarse ante el pleno.

FGR

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