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El INE no justificó el pedido de 800 millones de pesos; instalar la comisión de presupuesto 2023

Tras el cierre de la Comisión de Presupuesto 2022 del INE, el contralor Jesús George Zamora comentó que, en la auditoría de integración del presupuesto 2022, el órgano de control interno constató que el 10% del presupuesto de la cartera de proyectos Institucionales solicitados, sobre 800 millones de pesos, no contaba con prueba documental que sustente la solicitud de recursos.

Jorge Zamora aclaró que estos 800 millones “no significa que no fueran recursos innecesarios, sino que no cumplieron con los requisitos formales para que el instituto justifique y apruebe la solicitud de recursos”.

El responsable del tratamiento divulgó estos datos de forma preliminar, a los pocos días de su cierre formal, lo que molestó a algunos miembros de la comisión que pidieron la liberación de datos aún no formalizados porque el procedimiento no había concluido formalmente.

La contralora explicó los términos de respuesta de las áreas involucradas y ya se encuentra en estado de seguimiento, verificando si han sido resueltas o no, pero anunció que, de 74 acciones determinadas por la contralora, el INE no ha resuelto ninguna63. , una ya ha sido resuelta y, de ocho medidas preventivas, el INE no ha facilitado seis.

Posteriormente, al finalizar el cierre de la Comisión de Presupuesto 2022, se constituyó la Comisión Provisional de Presupuesto 2023, presidida por la regidora Claudia Zavala.

En ese contexto, el comisionado Zavala comentó que, más allá de las reformas electorales mencionadas para cambiar el sistema electoral, el presupuesto 2023 “será proyectado con absoluta autonomía e independencia y tendrá como única integración las referencias tanto a lo dispuesto en la Constitución como en la la ley electoral vigente, la Ley de Consulta Popular, las disposiciones del Ministerio de Hacienda, los reglamentos específicos del Instituto y las resoluciones de la Corte y el Tribunal Electoral”.

Dijo que habrá un «análisis escrupuloso y fundado» de la situación política y económica del país, el tema de la salud, una posible consulta popular para 2023, elecciones locales en Coahuila y en el Estado de México y la preparación de elecciones federales para el 2024.

Investigarán injerencia de las partes en la revocatoria

Morena y el PT han destinado 6,5 millones de pesos de recursos públicos para contratar a 209 personas que han sido pagadas en esos partidos, pero que también aparecen en las listas de asistentes que han recogido firmas de apoyo a la revocación del mandato, que serán investigadas por el INE a través de un procedimiento sancionador específico para comprobar si han infringido la ley.

Se recuerda que la ley prohíbe a los sujetos hacer uso de los recursos públicos para intervenir en cualquier etapa de la convocatoria y organización de la revocación del mandato.

Además, Morena ha destinado poco más de 43 millones de pesos para pagos a diputados de sus colegios electorales, sus alimentos y boletos, durante la jornada de revocación de mandato, permitida por ley, mientras que el único partido de oposición que ha destinado unos 200 mil pesos pues lo mismo era una cacerola.

El concejal Ciro Murayama consideró que en el proceso de revocación del mandato circuló dinero «opaco» -destinado a concesionarios de servicios públicos y empresarios de todo el país, para colocar vallas publicitarias, lonas, afiches, vallas pintadas- por un total de 44,3 millones de pesos en total y que el INE haya podido detectar, entonces iniciará diligencias de investigación para determinar el origen de estos recursos.

De ese total, 6,1 millones corresponden a vallas publicitarias contratadas en todo el país, por ciudadanos y organizaciones.

-Aurora Zepeda

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