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En México ni los curas se salvan

“Los jesuitas estamos llamados a ser gente de frontera. Es decir, ir a donde nadie más quiere ir. Estar presente donde es más necesario compartir y construir esperanza. Desde hace más de 100 años ha habido un trabajo ininterrumpido, esto es lo que ha hecho la Compañía de Jesús en la Sierra Tarahumara”.

Son muy ciertas estas palabras del jesuita Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana. Conocí a jesuitas que trabajaban en lugares muy complicados, con mucha pobreza y en zonas de mucha violencia.

El lunes pasado un sicario, José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, entró ante él, persiguiendo a un joven, guía turístico, que huía de los pistoleros y trató de refugiarse en la iglesia. Fue asesinado junto a los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, de 78 años, y Joaquín Mora, de 80, ambos conocidos como Morita y El Gallo.

Los cuerpos de los jesuitas y del guía turístico ya habían sido localizados por la Procuraduría de Chihuahua en un lugar denominado Pito Real.

Ambos jesuitas habían realizado durante años una importante labor con los indígenas de esta zona que cada día sufren más por la presencia del crimen organizado y habían denunciado las amenazas.

Esta comunidad, considerada una ciudad mágica en la Sierra Tarahumara, está plagada de grupos criminales que expropian a los indígenas de sus tierras, sus espacios ecológicos, grandes hectáreas de árboles para obligarlos a sembrar amapola y marihuana. Como en muchas otras partes del país.

Y así, en medio de esta violencia viven los rarámuris, pero también los misioneros de esta comunidad jesuita que durante años han servido en los Altos de Chihuahua y donde han construido parroquias, colegios, escuelas, laboratorios culturales, clínicas, centros de derechos humanos y brindar acompañamiento en rituales y ceremonias ancestrales.

En Cerocahui y la cercana Urique, la propaganda que invita al clima tropical y que alberga huertas de mango, papaya y toronja ha quedado lejos, hoy son las balas las que imponen la ley.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a quien brinde información para detener a este sicario, quien junto a sus cómplices también se llevaron los tres cuerpos. El Chueco también está acusado de secuestrar a dos personas que aún no se han presentado e incendiar una vivienda, producto de una disputa por un partido de béisbol.

Los jesuitas rinden homenaje

Lo que sucedió con los sacerdotes Javier y Joaquín es un ejemplo de cómo los jesuitas que trabajan en estas comunidades caminan sobre una línea muy fina cuando intentan ayudar en áreas donde abundan los peligros.

No es la primera vez que estos sacerdotes reciben amenazas del crimen organizado. Durante décadas, los misioneros han esquivado peligros, no solo en México, sino en otros países donde viajan a lugares lejanos, que, en el mejor de los casos, cuentan con servicios básicos de agua y luz.

Los jesuitas hacen tres votos: pobreza, castidad y obediencia, y un cuarto voto de obediencia específicamente ligado a la misión mundial, deben estar dispuestos a aceptar cualquier misión que se les encomiende, incluso en zonas violentas como la Sierra Tarahumara.

Según el informe elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, de 193 países con mayor presencia del crimen organizado, México solo es superado por Congo, Colombia y Myanmar.

Según el jefe del comando norte de Estados Unidos, general Glen Van Herk, el crimen organizado controla el 35 por ciento del territorio nacional.

México sigue siendo el país más mortífero para los periodistas en el mundo, más de 30 han sido asesinados desde el 1 de diciembre de 2018.

Pero ahora ni los sacerdotes que atienden a los más necesitados están a salvo, y es que muchos han trabajado para proteger a los miembros de sus comunidades de los intereses del crimen organizado y esto no atrae a quienes quieren arrebatarle la tierra a los chicos malos.

En lo que va de sexenio, siete clérigos han sido asesinados en el país, según cifras del Centro Católico Multimedia (CCM).

Uno de esos casos fue el del sacerdote José Guadalupe Rivas Saldaña, quien tras ser reportado como desaparecido fue encontrado muerto en un rancho en Tecate, Baja California.

Estuvo a cargo de la Casa del Migrante de Nuestra Señora de Guadalupe, en el municipio de Tecate, donde brindaba hospedaje y alimentación a los migrantes que intentaban ingresar

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

El año pasado hubo otros tres asesinatos: José Guadalupe Popoca Soto, pastor del templo de San Nicolás de Bari, en Zacatepec, Michoacán; el franciscano Juan Antonio Orozco Alvarado, muerto en un fuego cruzado en Durango; y Gumersindo Cortés González, torturado y asesinado en Celaya, Guanajuato.

En Michoacán y Guerrero, varios miembros de la comunidad religiosa tuvieron que mediar con los grupos del crimen organizado para evitar la escalada de violencia.

Al tener información, tanto de grupos rivales como de lo que sucede en sus comunidades, los religiosos se encuentran en situaciones difíciles, como el padre Alejandro Solalinde, el primero en decir que algunos de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa habían sido quemados. La información había sido obtenida de los testimonios que le fueron confiados por varias personas cuando ocurrieron los hechos los días 16 y 17 de septiembre de 2014.

Según el “Informe sobre Libertad Religiosa Internacional 2021” del gobierno estadounidense, los grupos criminales hostigan a clérigos, considerados líderes comunitarios, para crear un ambiente de miedo y así promover sus intereses, principalmente en el narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses han precisado que el crimen organizado selecciona a algunos clérigos y otros líderes eclesiásticos como víctimas de asesinatos, intentos de extorsión, amenazas de muerte, secuestros e intimidaciones por su acceso a recursos económicos o por su labor de ayuda a los inmigrantes.

Además, los líderes religiosos están involucrados en el activismo político y social, por lo que están expuestos.

México ahora también es considerado el país más peligroso para los sacerdotes latinoamericanos debido a la ola de violencia que han desatado los grupos criminales vinculados al narcotráfico.

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