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MIKEL ARRIOLA Denuncian – El extitular de Cofepris y otros conspiraron con Coca-Cola para dañar la salud de los mexicanos

La organización El Poder del Consumidor ha presentado denuncias alegando un conflicto de interés por comunicaciones entre 2013 y 2016 entre altos directivos de la Cofepris y ejecutivos de la empresa Coca-Cola.

Ciudad de México, 6 de abril (sin embargo).- Mikel Arriola y Álvaro Pérez Vegaex comisionados de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), y el el exdirector jurídico Patricio Caso han sido denunciados al Ministerio de Administraciones Públicas (SFP) para incurrir en actos de colusión con sociedades Coca Cola diseñar el etiquetado en detrimento de la salud pública de los mexicanos.

La organización El poder del consumidor estuvo a cargo de interponer denuncias alegando un conflicto de interés por comunicaciones que altos funcionarios de la Cofepris, como Patricio Caso y Álvaro Pérez Vega, mantuvieron con ejecutivos de la empresa Coca-Cola entre 2013 y 2016.

La denuncia contra exfuncionarios. Foto: El poder del consumidor.

El objetivo de estas reuniones fue diseñar el antiguo etiquetado de alimentos (GDA), muy criticado por la sociedad civil, la academia y organismos internacionales. Adicionalmente, las comunicaciones reflejan que Cofepris y Coca-Cola han buscado colaborar en una defensa conjunta frente a medidas cautelares interpuestas en 2014 y 2015 por El Poder del Consumidor y otras organizaciones de la sociedad civil contra la autoridad y la sociedad.

El Poder del Consumidor recordó que desde 2011 la industria de alimentos y refrescos introdujo el etiquetado denominado Guías Alimentarias Diarias (GDA) de manera voluntaria en el país. La primera empresa en hacerlo fue Coca-Cola y fue una etiqueta formulada y propuesta por la industria alimentaria que establecía un criterio de azúcar dos veces el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, permitido por las autoridades.

Posteriormente, en 2014 y mediante un proceso opaco en el que sectores de la sociedad civil, la academia y organismos internacionales fueron excluidos y en violación de la ley, la Cofepris al mando de Mikel Arriola hizo obligatorio el uso de esta etiqueta. Todo esto a pesar de que la propia OMS/OPS, organizaciones de la sociedad civil y la academia se han opuesto.

Además, a través de solicitudes de acceso a la información, El Poder del Consumidor preguntó sobre la creación de este rótulo, pero la Cofepris respondió que el rótulo no había sido elaborado por un grupo de expertos, sino únicamente por dos abogados y un ingeniero. Una de esas personas fue Patricio Caso Prado, un ex funcionario de la Comisión que ahora trabaja para Coca-Cola.

Ante la opacidad de la autoridad y la ineficacia del rotulado, El Poder del Consumidor, diversas asociaciones de consumidores y otras asociaciones civiles han interpuesto juicio de amparo contra la Cofepris, llamando a demandar a Coca-Cola y sus filiales (Jugos del Valle).

Patricio Caso, la mano derecha de Mikel Arriola, es ahora un alto funcionario de Coca Cola. Foto: Especial.

Paralelamente y derivado de estos extensos juicios, en 2020 se inició en Estados Unidos un proceso legal llamado Foreign Legal Assistance (FLA), en el cual se puede obtener información de empresas estadounidenses relevante para un juicio en el extranjero. Así, un juez de Atlanta en Estados Unidos falló a favor de esta solicitud y, mediante negociaciones con los abogados de Coca-Cola Company, se obtuvieron diversos documentos, entre ellos las comunicaciones que los altos directivos de la Cofepris habían tenido con los ejecutivos de la empresa.

Los correos electrónicos indicaban que los miembros de la Cofepris se habían reunido con el personal de Coca-Cola entre 2013 y 2016 sobre dos temas. Los primeros colaboran entre sí en la elaboración del etiquetado GDA. El segundo, para colaborar en la defensa del litigio iniciado por El Poder del Consumidor y otros organismos contra la Cofepris y Coca-Cola, que incluye documentos con información para la valoración de los juicios y propuestas de reuniones entre funcionarios y personal de actualización.

“Estas interacciones, en las que la actuación de los servidores no es imparcial, sino que favorece a un tercero, en este caso Coca-Cola, y en las que se descuida el interés del organismo, que debería ser la salud pública, y los intereses privados de un la compañía se pone delante; Todo esto representa un conflicto de interés para los exfuncionarios de la Cofepris”, dijo Javier Zúñiga, coordinador del área legal de El Poder del Consumidor.

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Los comunicados reflejan que Cofepris y Coca-Cola han buscado colaborar en una defensa conjunta frente a los amparos interpuestos en 2014 y 2015 por El Poder del Consumidor y otras organizaciones de la sociedad civil contra la autoridad y la sociedad. Foto ilustrativa: Misael Valtierra, Cuartoscuro

Para obtener más información al respecto, El Poder del Consumidor interpuso los correspondientes recursos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los cuales fueron ganados sin que las resoluciones hasta el momento hayan sido satisfechas. .

Debido a la omisión de los actuales funcionarios de brindar la información solicitada, así como al conflicto de intereses de los ex funcionarios de la Cofepris, se presentaron una serie de denuncias ante la Secretaría de la Función Pública. Algunos de los imputados son Patricio Caso, Álvaro Pérez Vega y Mikel Arriola, entre otros.

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