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Perdidos, 2 mil millones de pesos del Plan Anti-Covid

A casi dos años de la presentación del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, el Trabajo y el Ingreso Familiar para enfrentar la pandemia, anunciado en 2020 por un monto de 3 mil 209.8 millones de pesos, la Corte de Cuentas Superiores del Estado (ASE) informa que ha recibido información «revisable» por poco más de mil millones.

Según el titular de la ESA, Héctor Acosta Félix, otros 971,7 millones reportados en el mismo paquete de ayuda por «incentivos fiscales» -o pérdida de ingresos- tampoco fueron verificados porque la Secretaría de Hacienda del Estado no presentó un «informe sobre cómo el proyecto se comportó”.

En cuanto a la información del Plan que la administración anterior difundió en el portal de transparencia creado para la pandemia, por un monto de tres mil 209.8 millones, Acosta precisó que, salvo el número de incentivos fiscales, el resto no coincide con lo que desembolsado en mayo por Hacienda.

“La información que aparece allí es información que obtuvieron de diferentes fuentes; No digo que sea simple y sencillamente incorrecto que el Ministerio de Hacienda, cuando hacemos la solicitud formal, nos proporcione otra información”, dijo.

“Lo que hemos podido revisar es lo que efectivamente se realizó con los recursos del Estado, del plan, que fue de mil un millón 237 mil 863 (…) El Ministerio de Hacienda no entrega un informe sobre la proyección que ha hecho; cuando dice que va a destinar tres mil millones a la vez no informa como se integraron esos tres mil millones una vez que ya se ejecutó el programa, es decir lo hizo cuando lo anunció pero no cuando ya se ejecutó eso, no en la multa”, agregó Acosta.

Además, en el universo controlado, la ESA encontró irregularidades, como la falta de control en la entrega de contratos, y otras que, si bien no son enormes en comparación con el recurso total, dijo Acosta, «sorprenden por el tipo, por la forma en que cuales fueron generados.

Entre estos, cabe señalar en la documentación, existen casos de empleados públicos que han recibido subvenciones o presentado conflictos de interés en la entrega, incluso por parte de los encargados de distribuirlas.

“En términos generales encontramos apoyos para personas o beneficiarios que no cualificaban, apoyos para funcionarios del mismo gobierno estatal, apoyos para funcionarios, funcionarios de varios municipios, que como funcionarios no podían recibir apoyos”, dijo. . Acosta.

“En algunos casos nos encontramos con situaciones de conflicto de interés, porque los empleados públicos tenían alguna relación laboral o familiar con los beneficiarios”, agregó.

La Auditoría Superior del Estado ha incluido los hallazgos en varios informes individuales de la cuenta pública 2020 entregados entre diciembre pasado y febrero y, esta semana, informó Acosta, prevé entregarlos condensados ​​en un informe especial para la Comisión Fiscalizadora del Congreso del Estado.

La Secretaría de Hacienda de la actual administración no respondió ayer a un pedido de información sobre la asignación de recursos no examinados por la ESA, mientras que la exdiputada local y ahora diputada federal Rocío González informó que se tenía previsto aplicar los recursos del Plan en 2020.

Incluso, la Coordinación de Gabinete -responsable del portal de transparencia- no respondió a una solicitud de información sobre apoyos a la distribución de dinero, difundida en el sitio electrónico con información de gastos transparencia.chihuahua.gob.mx/covid-19/informazioni_finanziarie. html

«Ajuste presupuestario»

Luego de que se detectara el primer caso de contagio de Covid-19 en la institución en marzo de 2020 y el gobierno federal publicara diversas medidas de preparación y respuesta ante una pandemia, el gobierno estatal anunció las suyas propias y, el 3 de abril de 2020, anunció el Plan de Emergencia de Apoyo y Protección de la Salud, el Empleo y el Ingreso Familiar.

Según un boletín oficial, el entonces gobernador Javier Corral dijo que el proyecto de apoyo implicó el «mayor esfuerzo de ajuste fiscal» de la administración, «como la pandemia global de Covid-19 cambió el mundo, entonces las prioridades son otras».

La información oficial agregó entonces que los recursos habrían superado los tres mil millones de pesos, y que los recursos del plan consistían en la cancelación de obras de inversión y la reorientación de programas y recortes presupuestarios de las distintas ramas.

Ese año también se creó el micrositio para transparentar varios datos oficiales sobre la pandemia, entre ellos el informe técnico con el avance de los contagios y, también, información financiera.

De estos, un apartado aborda una vinculación con los “Recursos destinados al Plan Emergente”, entregando un total acumulado de tres mil 209,8 millones de pesos, de los cuales mil 92,6 millones serían para abastecimientos e infraestructuras sanitarias; 712 millones, para alimentos; 131,5 millones, por trabajo temporal; otro 51,8, para asistencia psicosocial; 157,1, para micro, pequeñas y medianas empresas, y 971,7 millones, para incentivos fiscales, entre otros renglones.

“El Ministerio de Hacienda no nos lo presentó de esta manera. Lo que coincide es la pérdida de ingresos (incentivos fiscales) por 971 millones de pesos, lo cual coincide, pero los recursos devengados por dependencia y entidad, en esos hay diferencias, y puede ser porque se han incluido recursos adicionales en el informe por los transferidos. por el Ministerio de Hacienda”, dijo Acosta.

“No sé cómo integraron esta información; Lo que he podido entender es que hay recursos transferidos desde el Ministerio de Hacienda para el propósito específico de ejecutar el Plan de Emergencia, y a esos recursos cada dependencia o entidad ha redirigido otros recursos que el Ministerio de Hacienda no ha transferido a ellos.” ​​.

El funcionario agregó que recibió información sobre el Plan emergente en mayo de 2021.

Resultados

Los informes individuales destacan las inconsistencias en la contabilidad de los Bonos Covid, la falta de control en la adjudicación de contratos e incluso el “probable abuso de funciones y conflicto de intereses”, en el caso de un funcionario que presuntamente otorgó subvenciones a familiares, entre las demás irregularidades.

“Se ha detectado probable abuso de funciones y conflicto de interés por parte del Empleado Público con 2 beneficiarios que han sido validados manualmente, ya que el usuario aparece en la sección ‘Asistidos en Autorización’, que corresponde al nombre del Empleado Público antes citado ”, indica la revisión del Fondo Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua (Fideapech).

“El supervisor o encargado del Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Emergentes del Estado de Chihuahua, quien realizó una segunda revisión general del expediente y propuso el monto final de apoyo de $ 39,920.00 para la autorización a través de la plataforma de subsidio a favor de el beneficiario ‘A’ (…) una empresa que, según las pruebas recabadas por el personal de la Revisoría Fiscal, tiene vínculos de consanguinidad y de negocios con el Empleado Público”, agrega.

Sobre el caso, el documento indica que se interpuso una denuncia por supuesta responsabilidad administrativa.

Otros hallazgos se reportan en la revisión al Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal), en cuya información contable la ESA reporta una diferencia de más de 4 millones de pesos entre los 21.4 millones que la institución dijo haber gastado en el pago del “Covid Bonus 30%” y los 26,1 millones que refleja la documentación.

“El ente controlado precisa que se gastó un monto de $ 21.410.269,36 en el bono Covid 30%; sin embargo, la cuenta (…) ‘prima adicional’ refleja un saldo deudor de $ 26.194.347,46 debido a que en esta cuenta se registró la retribución pagada al personal eventual, en contravención del artículo 22 de la Ley de Contabilidad de las Administraciones Públicas”, indica la ESA .

Otra observación se relaciona con la falta de garantía de cumplimiento de un contrato de 10,5 millones de pesos y por el cual no se acordó la garantía, como sucedió con otros 8,6 millones de pesos por la compra de mascarillas de tres capas y KN95.

Respecto a este mismo contrato, la ASE señala que fue entregado “sin contar con estudios de mercado que les permitieran verificar la existencia de bienes y/o servicios con otros proveedores, conocer el precio estimado y (…) garantizar las mejores condiciones para la estado «.

En cuanto a los Servicios de Salud, entre otras observaciones, cabe señalar que adjudicaron contratos por 12,6 millones de pesos a una empresa con “actividades comerciales no relacionadas con los bienes objeto de los contratos”.

En dos apartados separados, titulados “Conclusiones generales”, incluidos tanto en los informes de Ichisal como de Servicios de Salud, la ASE indica, en síntesis, que ha habido compra de productos médicos con varios proveedores que no cuentan con un registro de atención y proveedores de salud. que no se encontraron en el registro oficial del gobierno estatal para el año 2020, entre otras irregularidades.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx

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