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Puertas giratorias en la política

Ministros que interfieren en los proyectos de sentencia para proteger a las empresas a las que han servido en el pasado; funcionarios que bloquean las normas de protección de las grandes empresas que, al dejar su cargo, las contratan con salarios elevados; legisladores que fueron alimentados y apoyados por las enormes ganancias que sus familias obtuvieron de empresas que deberían haber sido reguladas. Detrás de cada una de estas referencias hay historias concretas de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exsecretarios y exsubsecretarios de Salud, exfuncionarios de la Cofepris, diputados y senadores. Todo al servicio de los intereses privados, sacrificando el bienestar público.

En una colaboración anterior (https://www.sinembargo.mx/08-10-2019/3658015), se dice que en el máximo órgano judicial del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en agosto de 2018, se discutió por primera vez una medida cautelar que interpusimos contra el rotulado frontal de alimentos y bebidas que la Cofepris de Mikel Arriola había establecido en clara connivencia con la industria, según quedó demostrado hoy a través de correos electrónicos internos entre Coca Cola y Cofepris, obtenidos en un juicio en Estados Unidos. El proyecto de sentencia del ministro Fernando Franco ratificó lo establecido por el juez de primera instancia Fernando Silva: el rotulado instituido por la Cofepris en 2014 vulneró el derecho a la salud y a la información.

Es ejemplar el caso de las puertas giratorias y la falta de un marco regulatorio que evite los conflictos de intereses con sanciones lo suficientemente fuertes como para disuadir realmente estas prácticas. El proyecto del ministro Fernando Franco fue rechazado. Tanto en esa ocasión, como en la presentación del segundo proyecto que ya estaba en contra de nuestra protección, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, votó a favor de rechazar nuestra protección. En aquella sesión en la que se votaron proyectos de sentencias sobre varios casos, el entonces ministro Fernando Franco dio una clase de honestidad que le caracteriza, muy alejada de la obra de Medina Mora, al afirmar que cree que debería eximirse de votar sobre algunos de los planes de sentencia porque había conocido a una de las personas involucradas en ese caso. Le pidieron que fuera más explícito, explicó que habían sido compañeros de clase en la escuela primaria, le preguntaron si se había mantenido en contacto, a lo que respondió que no. Los miembros de la sala acordaron que no había razón para que él se disculpara.

Por otro lado, el propio presidente de la SCJN no se disculpó por votar en nuestro caso a pesar de que su hermano, José Medina Mora, es vicepresidente de Coparmex, uno de los gremios empresariales con intereses muy claros en ese proceso. El propio Eduardo Medina Mora había sido accionista de Grupo KUO y Grupo Herdez, grupos empresariales interesados ​​en mantener una etiqueta a su favor. Medina Mora también había mantenido fuertes lazos con la propia Organización Internacional del Azúcar, siendo el representante del gobierno mexicano en esta organización que defendía este etiquetado y se pronunciaba en contra del etiquetado de advertencia que ya se discutía en México.

Y cuando se trata de políticas de salud pública, la traición de los funcionarios a su misión de empleados públicos para convertirse en empleados privados, que se expresa en el bloqueo activo de leyes, normas, reglamentos, sentencias, encaminadas a la protección de la salud pública, se traduce en un aumento en el número de pacientes, un aumento en la mortalidad. En otras palabras, las puertas giratorias activadas por multinacionales como las tabacaleras, las alcoholeras y las de comida chatarra y bebidas azucaradas son estratégicas para prevenir políticas encaminadas a reducir los daños causados ​​por el alto consumo de sus productos. De esta forma bloquean las políticas de salud pública que buscan reducir el consumo de sus productos, que ya se han convertido en la primera causa de enfermedad y muerte en el país.

Poder político, facultad de los legisladores para legislar; la facultad del Presidente, de los Secretarios de Estado y de los órganos reguladores para promover, monitorear y evaluar las políticas públicas; así como la facultad que ejercen los jueces, magistrados y ministros para resolver controversias, dictar sentencias civiles, administrativas y penales, son todos poderes que se han convertido en presa, buscando ser apresados, subyugados por otros poderes, económicos y del crimen organizado. Así se infiltra, somete y captura a los gobiernos, y así los funcionarios traicionan su misión de ser funcionarios públicos.

En el caso de los poderes económicos, la estrategia es promover, apoyar y promover a las personas que sirvan a sus intereses para ocupar cargos en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Estos personajes sirven a las grandes corporaciones, a las poderosas asociaciones empresariales, porque se han formado en una ideología que tiene como principio el bienestar y la defensa de los intereses privados, como el libre mercado sin reglas ni regulaciones a modo de cosmética, es esencial para el desarrollo del bienestar público. Es una ideología muy conveniente para quienes defienden y quieren defender el statu quo que les beneficia, sin cuestionar las desigualdades, las desigualdades, el estado de grave deterioro de la salud de la población y del planeta. Pero, en la mayoría de los casos, estos personajes actúan con plena conciencia de la conveniencia de servir a estos intereses económicos para asegurar el beneficio personal y una larga y creciente carrera política y económica.

En gran parte del mundo existen leyes, reglamentos, lineamientos, códigos, diversas iniciativas encaminadas a evitar que los empleados públicos sirvan intereses privados. Y estos marcos normativos contra los conflictos de interés van desde las declaraciones de buenas intenciones hasta las sanciones. En México, estos marcos normativos contra el conflicto de interés se han mantenido así, con buenas intenciones, a pesar de que el conflicto de interés es quizás uno de los actos de corrupción más comunes que no solo favorece los intereses privados, sino que atenta contra los intereses colectivos, perjudica la comunidad.

El trabajo del periodismo y de las organizaciones de la sociedad civil es importante para monitorear y exponer públicamente los conflictos de interés, pero no es suficiente si no existen mecanismos para sancionar estas prácticas que atentan contra el corazón de la democracia. Aquí mostramos un ejemplo de captura del Poder Judicial que sin duda resulta en daños a la salud de la población, pero también la captura de la política provoca daños al medio ambiente, territorio, cultura, paz social y mantiene profundas desigualdades, ya que gobierna a favor de los grupos dominantes y siempre son los sectores más marginados y pobres los que sufren las consecuencias más graves.

Alejandro Calvillo

Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sostenible (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde trabajó durante un total de 12 años, incluidos cinco como director ejecutivo, tratando temas relacionados con la contaminación del aire y el cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Es miembro del consejo editorial de World Obesity, un organismo de la Asociación Mundial de Nutrición y Salud Pública. Reconocido por la Organización Internacional Ashoka como Emprendedor Social. Fue invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños. Ha participado como disertante en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso del Perú. el foro internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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